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martes, 8 de mayo de 2012

El futuro de la Unión Europa: ¿El fin del eje franco-alemán?


Las elecciones presidenciales en Francia el pasado domingo 6 de mayo dieron la victoria al socialista de corriente moderada Françoise Hollande con un 52% sobre un 48%, resultado estrecho sin lugar a dudas dado el contexto de crisis en el cual se encuentra la zona euro.  Esta victoria por parte del PSF es una doble forma de castigo al saliente Presidente Nicolás Sarkozy, ya que, por un lado, si bien sus decisiones en materia de política fiscal han apuntado a la austeridad y la reducción de la deuda externa, por otro lado, los franceses, a sabiendas que un Presidente de derecha tenderá a rebajar el gasto para salir de la crisis, a pesar de ello le han dado su voto a un socialista. Así, el próximo Presidente francés tendrá la doble misión de cumplir con los valores y costumbres propios de un país acostumbrado a un Estado de Bienestar y de reducir la incertidumbre en el mercado de valores francés. En esta doble misión, existe un fuerte dilema para el nuevo Presidente: mantener las relaciones clásicas con Alemania, o generar un modelo propio, ya no basado en la austeridad, sino en el potenciamiento del desarrollo económico para salir de la crisis. La crisis actual de la zona euro no es un producto de la Unión Europea (UE), sino consecuencia de problemas estructurales en el diseño histórico-institucional de este organismo supranacional, donde no existen verdaderos incentivos para transparentar las cuentas sobre gasto público de cada país al Banco Central Europeo (BCE) Teniendo esto claro, la tesis de la austeridad es una respuesta (una reacción) a una crisis estructural, pero no una solución. En manos de Francia está la posibilidad de solucionar la crisis estructural a través de un liderazgo nuevo basado en una mayor intervención y delegación de soberanía en la Comisión Europea desde los 27 países miembros, tesis que choca con la visión alemana de “laissez-faire” que centra en la política fiscal restrictiva todo su énfasis y preocupación. De esta forma, la llegada de Hollande puede generar un cambio en el eje franco-alemán, y por tanto, del futuro de la UE (diseñada para dar preponderancia y hegemonía a estos países en la toma de decisiones)

La crisis del euro es una crisis estructural de la UE, no el producto de una crisis foránea originada en un país que basa su economía en la desregulación de su mercado financiero. La crisis del euro no es solo una crisis económica, es una crisis política, una crisis de valores y confianza entre los miembros de un regionalismo que en realidad deja el idealismo de lado y se enfatiza en la satisfacción de los intereses particulares de cada país. Los intentos de solución desarrollados en el Tratado de Lisboa el año 2008, a través de un Pacto de Estabilidad que restringe un endeudamiento de los países miembros de la UE superior a un 3% sobre el PIB, no fue respetado (lo que fue fomentado por Francia y Alemania para poder aumentar su rango de deuda y mantener sus industrias locales) Sumado a ello, el euro descansa bajo una tensión basada en una política fiscal no regulada y dependiente del criterio de cada país, y una política monetaria fija para todos los países aumenta los incentivos para falsear los datos relacionados a deuda interna y externa. Así, aquellos países que poseen Estados de Bienestar, pero no los medios para mantenerlos, inevitablemente deberán mantener (o aumentar, como el caso griego) su gasto público para evitar conflictos internos y posibles crisis de gobernabilidad. El euro se vuelve, de esta forma, en un “elefante blanco”.
La crisis ha sido llevada bajo dos posiciones claramente delimitadas: la germana (no intervención, corregir la crisis mediante la restricción del gasto y conceder préstamos condicionados) y la francesa (intervención directa, haciendo lo posible para salvar al país en cuestión) Los medios europeos han destacado el liderazgo de Francia en el Consejo Europeo, y el rol más bien silencioso de Alemania. A pesar de ello, Francia no ha logrado imponer su visión, y han sido los alemanes quienes han logrado que su postura sea la que prevalezca. Se ha acusado, por ello, una ausencia de liderazgo en la UE, que Alemania no desea hacerse cargo de su rol director en el viejo continente. Este conflicto de visiones, a la larga, no hace sino agravar la crisis de solvencia y credibilidad de la zona euro.

Tres son las principales conclusiones que podemos mencionar a manera de síntesis: a) La crisis es producto de problemas estructurales en la conformación histórico-institucional de la UE, lo que se demuestra en la inexistencia de acatamiento de todos los miembros sobre las normas fijadas en el Tratado de Lisboa; b) Existe una clara ausencia de liderazgo en la UE, ya que Alemania no desea hacerse cargo de los errores de países que han mantenido un Estado asistencial que no son capaces de solventar; c)Francia tiene la oportunidad histórica de replantear el eje franco-alemán y corregir los errores estructurales de la UE, proyecto que llevará a que inevitablemente entre en conflicto con los alemanes. Es hora de corregir los errores históricos, so pena de que la zona euro colapse bajo sus propios cimientos.

jueves, 26 de abril de 2012

La nueva estrategia del gobierno de Sebastián Piñera: “estamos trabajando para usted”


Cualquier persona debiera sentir alguna sospecha frente al hecho de que sea un gobierno neoliberal quien voluntariamente desee responder a las demandas ciudadanas atentando contra sus propios valores. Luego de anunciada la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) el pasado lunes, y de la reforma tributaria por parte del Presidente Sebastián Piñera en cadena nacional el pasado jueves, el gobierno parece mostrar un cambio de estrategia frente a la ciudadanía que desde el inicio de este gobierno se ha manifestado en contra de las políticas tanto heredadas como también creadas por la actual administración. Este cambio de estrategia tiene relación con la nueva posición del gobierno frente a las demandas de la ciudadanía, es decir, el gobierno ha tomado conciencia de que, en la medida en que sea precisamente el gobierno quien solucione las demandas sociales, y no permita a su vez legitimar las movilizaciones ciudadanas, será capaz este de darles forma y controlar su elaboración e implementación, dejando a los actores sociales fuera de este proceso. Así, las nuevas leyes responderán a los intereses del gobierno y del sector político al cual representa, teniendo las nuevas políticas una función que deslegitima a los movimientos sociales que demanden cambios ya que estos “ya se están efectuando”. De esta forma, la ilegitimidad se transfiere desde el gobierno (con una desaprobación cercana al 70%) hacia la ciudadanía y al movimiento estudiantil (que poseía un 80% de adhesión popular) Por tanto, este año será el año de las propuestas y reformas, ya que el gobierno “escucha a la ciudadanía”, imposibilitándola de contar con la legitimidad suficiente para tomar medidas (como las marchas) para apresurar, modificar o crear procesos.

El actual gobierno ha pasado por un proceso de aprendizaje, en el cual se ha dado cuenta que la represión no contiene los movimientos sociales, sino que los agudiza. No solo ello, el impedir su manifestación genera solidaridad hacia ellos, lo cual ocurrió con las protestas en Punta Arenas, Hidroaysén, movimiento estudiantil o Aysén. La ciudadanía volvió propias estas demandas (lo que no implica que participaran en ellas, solo que las apoyaron), lo cual se refleja en las encuestas, las cuales no evaluaron bien al gobierno a pesar del crecimiento económico, la reducción de la cesantía, y la estabilidad de la economía. En este proceso de aprendizaje, el gobierno se ha dado cuenta de algo esencial sobre las demandas ciudadanas: se le pide al gobierno que resuelve estos problemas. Ante esto, el gobierno cumplirá con lo pedido, pero a su manera. La eliminación del CAE, por ejemplo, no elimina el endeudamiento ni el lucro dentro de la educación, ya que el endeudado pasa desde la banca hacia el Estado, el cual entregará una tasa del 2% anual sobre el precio de la carrera. Ante esto, las universidades pueden perfectamente subir a destajo los aranceles, ya que tienen la libertad de hacerlo. Por tanto, el nuevo problema será la brecha cada vez mayor entre Arancel de Referencia (arancel fijado por el Estado como el precio que debiera costar una carrera en términos estándar) y Arancel Real (lo que cobran las casas de estudios en función de sus propios criterios) Persiste de esta forma que los problemas sociales no quedan solucionados (un sello del actual gobierno) pero con una nueva apariencia (el gobierno está trabajando para dar respuesta a las demandas sociales)

Los gobiernos aprenden, así también la ciudadanía, y es deber de esta de tomar conciencia que se ha cumplido una fase en el crecimiento de los movimientos sociales y ciudadanos. La fase de demandar carencias debe dar paso a una fase en la cual lo obtenido no es capaz de satisfacer lo demandado. Esto es principalmente consecuencia del sesgo neoliberal del gobierno como también es por el hecho de que los actores perjudicados o por la inexistencia como por el déficit de una política pública no son parte de su diseño ni de su implementación. No es de esperar que un gobierno que ha sido parte de la aniquilación de un Estado otrora social solucione los problemas de los que ha sido creador. Es hora de un cambio de táctica y estrategia, y el cambio es ahora.



domingo, 1 de abril de 2012

La derecha contemporánea en Chile: la Historia de una contradicción

El brutal asesinato de Daniel Zamudio abrió un tema al debate público de vital importancia para la calidad de nuestra democracia: la existencia de una ley (de por sí insuficiente, ya que si bien la ley prescribe comportamiento, no asegura su efectividad en la vida real) que condene todo tipo de discriminación. La posición dividida que posee la derecha chilena contemporánea frente a este tipo de temas demuestra una constante desde la llegada de la “transición” a la “democracia” en este grupo político: una falsa unidad programático-ideológica con miras de un éxito electoral. La derecha chilena contemporánea es una coalición ficticia creada con la finalidad de mantener a este grupo político en todos los espacios de representación política que deban pasar por un procedimiento electoral democrático-representativo. Es ficticia en la medida en que las diferencias frente a temas valóricos e ideológicos pueden llevar a que los intereses de la coalición se vean mermados por la visión particular de cada bloque. Esta condición ha aflorado más aún desde que la derecha chilena contemporánea es gobierno, existiendo dos posturas claramente delimitadas: una derecha conservadora con rasgos neo-corporativos (UDI) y una derecha neoliberal (RN) Ambas derechas poseen una naturaleza propia, la que las hace incompatibles en la medida en que los debates pasan de ser programáticos a ideológicos o valóricos. Por tanto, la derecha chilena contemporánea posee una naturaleza contradictoria, que la hace inestable a nivel político.
Esta inestabilidad se refleja en dos niveles: Ejecutivo - Legislativo y Ejecutivo - Municipal. El inicio de la contradicción siempre surgirá por la posición rígida del sector neo-corporativo de la derecha chilena contemporánea.
Inestabilidad Ejecutivo-Legislativa: esta es la contradicción más notoria en términos prácticos. Es producto de una incompatibilidad de la visión del Ejecutivo con la del Legislativo frente a temas de importancia nacional. Dos ejemplos ayudan a clarificar: la idea de legislar sobre el aborto terapéutico y la ley anti-discriminación. En el primer caso, el gobierno asume una postura favorable a discutir la idea de legislar, cuestión que es rechazada de pleno por la bancada de la UDI. En el segundo caso,  el gobierno da suma urgencia a la ley anti-discriminación luego de la muerte producto de la brutal golpiza que sufrió Daniel Zamudio por su condición homosexual, cuestión que la bancada UDI rechaza de plano ya que puede abrir las oportunidades para el matrimonio homosexual. De esta forma, las iniciativas del gobierno frente a temas de importancia para la ciudadanía se ven bloqueados por la capacidad de veto que posee la UDI en el Legislativo, desprestigiando al gobierno, volviéndolo inestable e ilegítimo.
Inestabilidad Ejecutivo-municipal: esta contradicción surge cuando el gobierno ha decidido asumir una postura conciliadora o en la búsqueda de una negociación, y han sido los sectores vinculados a la UDI los que, al defender su postura ideológica en su espacio local, han generado roces con el Ejecutivo, haciendo ver al gobierno como un sector sin capacidad de control sobre su conglomerado. El ejemplo más clarificador fueron las movilizaciones estudiantiles de 2011, cuando los alcaldes de la UDI por Ñuñoa y Providencia, Pedro Sabat y Cristián Labbé aplicaron mano dura contra las tomas en tiempos en los que el gobierno buscaba dar señales de querer negociar con los estudiantes. Además de ello, comenzaron una campaña de descrédito del gobierno, llamándolo “blando”, en el sentido en que eran en sus comunas donde los estudiantes se tomaban los liceos y el gobierno no hacía nada al respecto, dejándolos a la merced de los “subversivos”. De esta forma, los objetivos del Ejecutivo se vuelven incompatibles con los objetivos del sector neo-corporativo de la derecha chilena contemporánea, haciendo que el gobierno en su totalidad deba hacerse responsable de la poca unidad de mando dentro de este sector político.
Sumario:

La derecha chilena contemporánea es una creación ficticia, ya que existe una clara naturaleza contradictoria dentro de los sectores que la componen: un sector neo-corporativo y conservador y uno neoliberal. Si bien el primero posee el control del Ejecutivo, es la derecha neo-corporativa la que controla su actuar, dentro del mismo gobierno como desde los niveles municipales y Legislativos. Esto crea inestabilidad del gobierno, ya que no existe unidad de dirección y mando. Estas contradicciones aparecen como una confrontación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el municipal. El origen de las contradicciones siempre partirá como consecuencia de la acción del sector neo-corporativo contra el Ejecutivo, el cual si bien integran, no controlan.

martes, 20 de marzo de 2012

¿Asambleas o asambleísmo? ¿Síntoma o problema?


El gobierno ha hecho en esta última semana como propia su desaprobación al “asambleísmo”, concepto sobre el cual han responsabilizado la inexistencia de acuerdo entre los pobladores de Aysén y el gobierno, sumando desde hoy martes, a la ciudad de Calama ¿Qué entiende el gobierno cuando habla de asambleísmo? ¿Es esto negativo para los movimientos ciudadanos? ¿Confunde el gobierno la existencia de asambleas con el asambleísmo? ¿Confunde un síntoma con una enfermedad? Las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera confunden una forma de organización de la sociedad basada en la congruencia y convergencia de principios y objetivos en base a liderazgos flexibles (asamblea) con una forma de organización social basada en la horizontalidad, la ineficiencia organizacional y de uso de recursos, la sobre-ideologización y el localismo (asambleísmo) La asamblea es una forma funcional y necesaria de organización cuando las instituciones fallan a la hora de canalizar las demandas sociales. A pesar de ello, con el tiempo es posible que se transforme en una forma de organización ensimismada en sí misma, donde se confunde la forma de organizarse con el fondo o motivo de la organización (asambleísmo): lograr la satisfacción de demandas transversales. Por ello, el gobierno trata a la asamblea como asambleísmo, sin comprender la esencia misma de las demandas de los movimientos ciudadanos que se levantan a lo largo del país y por tanto, la lejanía de una posible solución a dichos problemas.

La existencia de asambleas ciudadanas revela la existencia de un síntoma o disfuncionalidad social producto de una demanda socialmente legítima pero insatisfecha. La función básica de un sistema político es la transformación de las demandas de la ciudadanía en decisiones en forma de política pública que satisfaga la necesidad de forma total o parcial. De esta forma, el sistema político, a través de las instituciones, permite la convivencia de una sumatoria de individuos con objetivos e intereses diversos pero no excluyentes entre sí. De esta forma, cuando las instituciones fallan en cumplir su objetivo, la asamblea es la mejor forma de organización de que la ciudadanía puede dotarse para hacer ver a las autoridades que los procesos propios de un sistema político no se están dando como debieran. La asamblea no es trans-organizacional (está más allá de otras organizaciones) sino que, al contrario, aparece de forma espontánea y particular para que la institucionalidad funcione. Esto se demuestra, en el caso de Aysén y Calama, en la constante interpelación al gobierno y a las instituciones para la solución de sus problemas, cosa que si fueran un movimiento asambleísta trataría de construir su identidad, procedimientos y objetivos CONTRA el gobierno o SIN el gobierno. La existencia de movimientos asambleístas (respondiendo a nuestra segunda categoría) revela un problema a la hora de manejar las demandas sociales de una comunidad, es decir, se confunden las formas y el fondo de la movilización, se confunden los roles de los actores y los objetivos a lograr, incluyendo metas que no se relacionan con el origen del problema, desviando a los actores de la resolución del conflicto y por tanto, aumentando la posibilidad de polarizar las posiciones y la aparición de episodios de violencia. El asambleísmo tiende a aparecer en círculos sociales como las universidades, donde la formación académica de los involucrados los aísla de la realidad social donde debieran estar insertos, haciendo que la teoría se confunda con la práctica social y política.

Las asambleas ciudadanas nos han recordado en qué medida nuestra institucionalidad se encuentra agotada para captar todas las demandas y aspiraciones sociales, y darles así una solución a través de ellas. A pesar de ello, la naturaleza misma de la asamblea hace que sea muy posible que esta sea capturada por grupos que busquen mutar la asamblea en un asambleísmo, desvirtuando el movimiento y haciéndolo funcional a los intereses de la contraparte, ya que puede deslegitimarlo a nivel mediático, usar la coerción contra él y desarticularlo. Basta solo recordar lo sucedido con las movilizaciones estudiantiles de 2011. El gobierno peca de ingenuo al tratar de convencer a la ciudadanía de lo nocivo de las asambleas, ya que la asamblea empodera al ciudadano, lo hace crítico y constructor de su realidad, lo construye como un sujeto dual (individual y social a la vez) La asamblea es necesaria, pero no suficiente para fortalecer la democracia. La asamblea fortalece las instituciones, no las sustituyen. Señalar lo contrario sería caer en el asambleísmo, la enfermedad izquierdista en el comunismo parafraseando a Lenin. Que la sociedad comprenda la diferencia y el abismo entre asamblea y asambleísmo nos ayudará a la hora de enfrentar al verdadero adversario: el gobierno.

lunes, 12 de marzo de 2012

Movilizaciones estudiantiles: un difícil escenario


El movimiento estudiantil por una educación pública, gratuita y de calidad para todos del pasado año 2011 fue uno de los más importantes desde la llegada de la “democracia” en términos de convocatoria. Un movimiento verdaderamente social, con demandas claras y a la vez trascendentales se perfiló contra un Ejecutivo intransigente y un Parlamento negligente. Pero luego de siete meses la fuerza de este movimiento cayó al punto de no lograr casi ninguna de sus demandas originales ¿Estamos este año en condiciones de vislumbrar la aparición de un movimiento de tal impacto? La respuesta se la dejo al lector, mostrándole el escenario en que nos encontramos:
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    - Los partidos políticos ya no tienen relevancia en la dirección del movimiento: algo que distinguió a este movimiento fue el protagonismo (más bien mediático que real) del PC y otros partidos en el liderazgo del movimiento. Las políticas de la intransigencia del gobierno llevaron al movimiento a la división y conflicto interno que llevó a culpar a los partidos del estancamiento del movimiento. Divide et impera (divide y vencerás) fue la triunfal estrategia con la cual el gobierno dividió al movimiento y le quitó su fuerza para cuando fue el Parlamento (dominado por la derecha y el centro político, centro que hubiera podido ser cooptado si el movimiento estudiantil no hubiera decaído) quien decidió aprobar los proyectos del Ejecutivo. Sacando a los partidos (como castigo) de la dirección de las Federaciones de Estudiantes y centros de estudiantes tanto a nivel superior como secundario los independientes, vinculados a partidos de izquierda o colectivos de dicha tendencia llegaron a las direcciones. Por tanto, el movimiento perdió un elemento de coordinación a nivel nacional que los partidos le habían entregado. Esto puede traer como consecuencia la gremialización de las demandas o peor, la desmovilización por la falta de experiencia de los dirigentes.
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      -  El gobierno posee una clara política de intransigencia: en otra columna desarrollé el concepto de política de la intransigencia como una estrategia hostil de resolución de conflictos por parte del gobierno, la cual triunfa al corto plazo pero no al largo, ya que cura los síntomas pero no la enfermedad. El replanteamiento y concientización del estudiantado debe orientarse a que el gobierno busca 3 elementos: no negociar con actores conflictivos, criminalizar a estos actores y, finalmente, usar el desgaste como estrategia ante el adversario. Solo así podremos vencer la política de la intransigencia del gobierno.
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        -  Polarización del estudiantado frente a las movilizaciones: nuestro principal problema es que el estudiantado en su mayoría se encuentra en dos posiciones mutuamente excluyentes: una en la cual se ve en el paro una estrategia infructuosa para generar presión hacia arriba (burocracia universitaria y gobierno), por lo que medidas más audaces como partir con una toma sería la mejor respuesta; la otra plantea que las clases no deben sacrificarse a costa de las movilizaciones. Las movilizaciones no lograron nada, y los perjudicados son aquellos que reciben una formación parcial a nivel educativo. El problema fundamental es que la convivencia de estas dos visiones destruyen la posibilidad de crear un ambiente no hostil para la discusión. La defensa de uno de los polos sobre su propia postura polarizará al adversario en lugar de acercarlo a la propia postura. Extremar las posturas entre clases o toma solo impedirá al movimiento partir movilizado lo antes posible, y por tanto, la creación de un ambiente funcional para la discusión policía sobre el fondo y la forma del movimiento estudiantil. Ambas posturas son erradas y reduccionistas, comprensibles pero no justificables. Ahora la estrategia de movilización dependerá del contexto de cada universidad o liceo, donde debiera primero crearse un clima de discusión, y sólo luego una movilización efectiva. Recuperar el pensamiento estratégico (es decir, actuar en función de lo que hace y haría la contraparte es fundamental)  

Este es sin duda un escenario difícil. Dirigentes sin experiencia (y por tanto titubeantes, como en el caso de la actual FECH) y sin coordinación nacional (dada su independencia o localismo), un gobierno intransigente y un estudiantado polarizado no es un buen augurio. A pesar de ello, la movilización es y debe ser un objetivo de este año, ya que esta demanda podría perderse dentro de la discusión en la esfera pública si no es levantada nuevamente en el corto plazo. Como señalaba en un inicio, las condiciones (existentes o no) para la movilización se la dejo al lector. Mi visión es positiva, ya que depende más de la voluntad de los actores políticos dirigentes en el movimiento estudiantil que de las condiciones materiales de acción. Acción coordinada y coherente entre los dirigentes, evitar las divisiones internas y crear un clima de discusión sano dentro de cada unidad estudiantil es la fórmula con la cual debemos partir este año contra la política de la intransigencia.

viernes, 9 de marzo de 2012

El Estado de bienestar en la mira: el contra-ataque neoliberal


Poco a poco los países que integran Europa han decidido desplazarse a la derecha. Los partidos de derecha tienen un mayor peso en sus parlamentos, e incluso han llegado al control del Ejecutivo (como lo es en España desde noviembre del 2010 con el triunfo del Partido Popular de Mariano Rajoy) y lo ha sido en la Francia de Sarkozy. Las crisis sucesivas del modelo neoliberal, en lugar de crear un acuerdo mundial sobre lo nocivo de este sistema basado en la sobreoferta de bienes, la desregulación financiera y la mutilación del Estado, le han terminado dando la razón, y legitimándolo en la esfera pública de cada país. Estos grupos pro libre mercado han salido a defender este modelo argumentando la vieja excusa de los friedmanianos: el problema es el Estado. Esta visión ultraliberal argumenta que el rol que cumple el Estado es esencialmente distorsionador respecto de la natural autorregulación que poseen las fuerzas de la oferta y la demanda, fuerzas guiadas por una mano invisible hacia un equilibrio en el sistema de precios. Por tanto, cuando el Estado actúa, crea los males que desea combatir. Un Estado mínimo y subsidiario (con funciones mínimas basadas en la regulación pero no en la intervención), que permita que los privados puedan cooperar entre sí libremente, es el nirvana de los amantes del sistema de libre mercado. Pero la evidencia empírica nos dice lo contrario. Cuando el Estado desregulariza para permitir la intervención de los privados en funciones que otrora le correspondían a este, ha aumentado la desigualdad, bajado el crecimiento, aumentado la marginalidad y se deslegitima la política como la fundamental herramienta de la creación de los acuerdos que rigen a la sociedad (ya que lo remplaza el mercado) Pero ¿Es esta fe en el mercado sólo una utopía? Los analistas miran a Chile cuando buscan dar un ejemplo de cómo funciona una economía de libre mercado “saludable” y “responsable”. Pero sería de una miopía vergonzosa considerar a Chile como una experiencia exportable a otros países, ya que el libre mercado a destajo como el nuestro fue implementado en base a “terapias de shock” (es decir, una circunstancia en la cual la ciudadanía, a través del uso de la violencia excesiva, el control y la supresión de sus derechos fundamentales, es obligada a vivir bajo un sistema sobre el que no pueden incidir) Por tanto, el libre mercado chileno no es exportable, ya que no nació en base a un gran acuerdo nacional, no fue un proyecto socialmente construido para el desarrollo de nuestra nación, a diferencia de los Estados de bienestar europeos. Las sucesivas crisis del capitalismo en su fase neoliberal han puesto en entredicho la existencia del Estado de bienestar. Los costos de este sistema, que eran solo asumidos por los países de la periferia, ahora son asumidos por aquellos Estados que los crearon a costa de ellos, debiendo vivir un paulatino proceso de desmantelación del Estado tal como sucedió en los países de la periferia capitalista. De esta forma, el capitalismo ya no es capaz de externalizar los costos de su existencia a los países subdesarrollados, y deben estos de ahora en adelante aprender a vivir con las precariedades de un Estado reducido y futuramente ausente.
Pero no todos los Estados de bienestar están en crisis. El Estado de bienestar mediterráneo (debido a su ubicación geográfica), conformado por aquellos países con grandes contingentes de población, grandes industrias y extensos territorios, a diferencia de los Estados de bienestar escandinavos, de territorio y población reducidas, basadas esencialmente en la generación de valor a través de la innovación. Ambos comparten que la existencia del Estado de bienestar es producto de un acuerdo social en el cual los males del capitalismo debían ser menguados con un Estado interventor y protagónico, pero los Estados de bienestar mediterráneos han tenido una Historia más bien turbulenta en relación a sus pares nórdicos (Una Alemania que vivió dos guerras mundiales más una guerra fría dividida en dos, una España gobernada por el franquismo, una Francia en guerra contra sus colonias o una Inglaterra con conflictos internos entre trabajadores y patrones, como ejemplos) Lo que distingue a ambos modelos es el rol de la socialdemocracia en la construcción del Estado de bienestar. Mientras los primeros han tendido a reducir el Estado y a ceder frente a los embates del neoliberalismo, en el caso nórdico el rol del Estado en la economía se ha mantenido intacto, y las empresas y trabajadores han debido convivir en un marco claro de comportamiento, con altas penas a quienes violen el contrato social. Una socialdemocracia vacilante frente al rol del Estado llevará a la clásica forma de reducción del Estado, caso contrario si la clase política coincide en entender lo fundamental que es el espacio público en la generación de bienestar.
La mutilación del Estado llegó para quedarse. La pérdida de derechos es pan de cada día. Pero a diferencia de nosotros, estos cambios se dan en democracia, y no bajo terapias de shock. Las protestas en Francia contra el aumento de la edad de jubilación de 60 a 62 años, el recorte en 20.000 puestos públicos en Grecia y España, la privatización de la educación en Inglaterra, y las fórmulas de austeridad han recibido el rechazo de una sociedad que nació y construyó su identidad bajo un Estado que garantizaba derechos más que libertades. La socialdemocracia ha fallado en su rol de defender el Estado, y la ciudadanía se lo ha hecho saber votando por la derecha. El problema es que la derecha tiene por objetivo la destrucción del Estado de bienestar por un Estado mínimo. El capitalismo no es gratis, siempre implica que otros (muchos) pierdan a costa de otros (pocos) Es hora de un segundo Gran Despertar en Europa. Es hora que Europa deje de mirar a Chile y vuelque la mirada a Islandia.