Políticas de la intransigencia: una estrategia que nunca resultó

Por Francisco Quiero Aguirre

Al albor de las revueltas en la región de Aysén exigen una redistribución más justa de los recursos generados en la zona, nos es posible apreciar nuevamente una tendencia por parte del gobierno del Presidente Piñera: una política de la intransigencia con los movimientos sociales. Esta política de la intransigencia se basa, esencialmente, en 3 elementos: una visión de disfuncionalidad de los conflictos sociales, especialmente los originados e ideados fuera de las instituciones que integran el Estado; la criminalización de la protesta social, a través del uso y amenaza de la fuerza policial; finalmente, el uso del desgaste como la forma fundamental de resolver el conflicto. La sumatoria de estos 3 factores produce una estrategia hostil de resolución de conflictos, basada en el “todo o nada” entre las partes, polarizando las partes en conflicto, y volviendo disfuncional cualquier tipo de conflicto. Si bien en base a esta estrategia el gobierno ha salvado de caer en profundad crisis de institucionalidad, a la larga lo que es posible de apreciar es que las problemáticas sociales originadas por un organigrama obsoleto del Estado, un modelo neoliberal depredador e inviable, y una clase política incapaz de canalizar las demandas sociales, nunca son resueltas. Por tanto, se combaten los síntomas, pero no la enfermedad. El movimiento contra Hidroaysén, el movimiento localista de Punta Arenas, las movilizaciones estudiantes por una educación gratuita, pública y de calidad para todos, y la actual problemática en Aysén no hacen más que demostrar la existencia de una política de la intransigencia por parte del gobierno, que al no resolver los conflictos originados, los hace madurar y aparecer de otras formas pasado el tiempo. La política de la intransigencia debe ser entendida como una estrategia hostil de resolución de conflictos que proyecta los sesgos morales e ideológicos del gobierno a la hora de tratar las problemáticas creadas por el modelo neoliberal. 

Una visión disfuncional de los conflictos

La teoría de conflictos ha tenido dos tradiciones históricamente trascendentales: una que ve en los conflictos la forma principal para adaptar las instituciones, las visiones de los policy makers, y la forma de hacer política a los cambios originados dentro y fuera del sistema político; la otra ve en los conflictos sociales un diagnóstico que evidencia una enfermedad en el tejido social, la cual debe ser solucionada lo antes posible, so pena de hacer caer el sistema político en una profunda inestabilidad social. Así, un enfoque ve en los conflictos sociales una forma de alerta que llama a la adaptación de las instituciones a los cambios, y la otra ve en los conflictos el origen del problema en cuanto tal. El gobierno ha asumido esta segunda visión (errónea por lo demás), debido a que esta es reflejo de su moral e ideología: los conflictos reflejan un problema en el sistema político, problema que debe ser intervenido, pero no resuelto. Esto se debe a las esperanzas que posee el gobierno hacia las virtudes del modelo de libre mercado, esperanza que considera que es dentro del mercado donde se resuelven los problemas, ya que estos problemas entre privados. La noción disfuncional de los conflictos no es nueva en Chile. De hecho, esta fue inaugurada por un célebre político, quien participó en la estrategia de “transición” a la “democracia” chilena. Me refiero a Edgardo Boeninger. El planteaba, en términos muy simples, que la gobernabilidad es la máxima aspiración que debe poseer un Estado, siendo esta definida como la existencia de un orden y control por parte del Estado sobre la economía, la política y la sociedad. Su par opuesto sería la ingobernabilidad, la cual debía ser combatida por todos los medios posibles. Esta visión pesimista y disfuncional de los conflictos ha regido por los últimos 20 años (mínimo) en nuestro país, lo que se refleja por la nula voluntad de modificar el statu quo por parte de la Concertación, o por su vocación en destruir todo movimiento político de izquierda subversivo (como lo fue el movimiento Lautaro o el FPMR) La herencia concertacionista rige en el actual gobierno, el cual ve en la protesta social un mal endémico y voluntariamente creado, que debe ser removido y combatido. He ahí el constante llamado a la unidad nacional a evitar solucionar las diferencias, o a aprender a vivir con ellas, por parte del gobierno del Presidente Piñera.

Criminalizar la protesta social

De esta visión disfuncional y negativa de los conflictos se origina la necesidad de criminalizar la protesta social. Esta criminalización es producto de que el conflicto social se ha originado fuera de la estructura institucional, por lo que el control del gobierno sobre las demandas de la contraparte son bajas, lo que aumenta los grados de incertidumbre en el proceso de desarrollo del conflicto. Los conflictos, dentro de la visión sesgada, es que estos deben surgir dentro de las instituciones (mercado, parlamento, ejecutivo, judicial, municipalidades, gobiernos locales y regionales) y resueltos dentro del entramando institucional. Como el conflicto surge fuera, pero busca una solución dentro de las instituciones, y a la vez este es visto como imprudente y endémico por las autoridades, la única forma de “resolverlo” es haciendo ver a la contraparte como un agente de disrupción social, como un violentista, que atenta contra el orden establecido, generalmente quejándose de nada o en un nivel hiperbólico en relación a lo demandado. Esto lo único que logra es la polarización y radicalización de la contraparte, que a la vez radicaliza y polariza la postura del gobierno. Así, la criminalización de la protesta social solo crea hostilidad innecesaria entre las partes, impidiendo la cercanía entre ellas, el origen del problema, la disminución de la radicalización y la búsqueda de una solución mancomunada y mutuamente acordada del problema. La criminalización se traduce en iniciativas de ley y en el uso de leyes anteriores para castigar la iniciativa de protesta o la protesta misma, ya que, según su visión sesgada, “no es la forma” de pedir mejoras sociales. Se responde en las marchas y convocatorias de manifestación con el uso siempre desmedido de violencia policial, la cual es constante y sistemática contra un falso enemigo interno creado por el gobierno. La amenaza constante contra quienes participan de las marchas cumple la misión de mantener en constante temor a la ciudadanía, alertándosele sobre lo que podría pasarle si llegase a no cumplir lo que el gobierno desea. A través de la criminalización se busca también el control sobre la ciudadanía, atenta a la información emitida por los medios de comunicación, donde el gobierno usa toda su grandilocuencia para señalar que son una víctima de la intransigencia de grupos aislados que no buscan nada más que prebendas individuales a costa de la gran mayoría de chilenos esforzados y honestos de clase media. Así, se busca crear una empatía con la ciudadanía, mostrando al gobierno como una víctima, cuando es realmente el causante de la radicalización dada su política de intransigencia. Esto crea el tercer factor mencionado anteriormente: una estrategia de desgaste.

El desgaste como base de una estrategia hostil

Debido a una visión disfuncional de los conflictos y una constante criminalización de la protesta social a través del uso desmedido de la fuerza, de la ley y del terror, la única  forma a través de la cual el gobierno enfrenta los problemas sociales es a través de usar el recurso tiempo a su favor, es decir, ocupar una estrategia de desgaste contra la contraparte. El gobierno ha detectado una estrategia eficaz (elimina la protesta social), pero no efectiva (no elimina la protesta social definitivamente) para acallar a la ciudadanía organizada, ya que esta luego vuelve a organizarse, por motivos diferentes pero con los mismos argumentos de fondo. El desgaste es una estrategia basada en el uso del tiempo para agotar los recursos que la contraparte requiere para mantenerse en el conflicto. Esta ha sido utilizada al menos en tres ocasiones por el gobierno: en el caso de Punta Arenas, la estrategia del desgaste no funcionó, por lo que tuvo que ceder (parcialmente) para evitar que este se reprodujera en otros sectores del país; con Hidroaysén apostó a que el movimiento, al ser gremialista y no tener un liderazgo claro que pudiera hacer que las demandas trascendieran en el tiempo y en impacto mediático, cayera por su propio peso; con el movimiento estudiantil, apuntó a la división de la ciudadanía y de los estudiantes ante los nulos resultados de la protesta en hacer cambiar la postura intransigente del gobierno. De esta forma, el conflicto pasa de ser entre estudiantes-gobierno, a ser un conflicto entre los estudiantes (izquierda moderada y ultra-izquierda), lo que la desgastó, le quitó su capacidad programática, debilitó al CONFECH como espacio de toma de decisiones a nivel nacional, y puso en la palestra el tema de las elecciones estudiantiles por sobre las demandas de dicho movimiento. “Divide et impera” era el lema de Julio César: divide y vencerás. Así, raya para la suma, el gobierno ha triunfado en tres ocasiones diferentes utilizado el tiempo a su favor, ya que la correlación de fuerzas entre un gobierno y un movimiento social rara vez son positivas para estos últimos, ya que poseen pocos recursos para mantenerse en el tiempo, tienden a la división, y sus demandas son en general a largo plazo.
 
Conclusiones: aprender de la Historia

Hemos visto cómo el gobierno ha desarrollado una política de la intransigencia basada en una visión disfuncional de los conflictos, una criminalización de la protesta social, y el uso del tiempo como elemento de desgaste. Estas configuran una estrategia hostil de resolución de conflictos, que se traduce en términos exitosos a corto plazo, pero que a la larga crean nuevos movimientos contra el gobierno, con temas nuevos pero exigencias trascendentales. Las lecciones a aprender de los casos vistos someramente son básicamente tres:

a)    Los movimientos sociales poseen pocos recursos: debidos a su naturaleza más bien espontánea y flexible, los movimientos sociales son en general débiles en sus inicios, y poseen pocos recursos para mantenerse en el tiempo. De esta forma, la estrategia fundamental de las bases y de los dirigentes debe apuntar a crear una organización fuerte (con metas socialmente creadas), coordinada (comunicación amplia y funcional a nivel interna en pos de lograr sus objetivos) y coherente (sin contradicciones internas) los gobiernos intentarán siempre explotar esta debilidad para matar por inanición al movimiento social, por lo que este debe usar a los medios de comunicación para legitimar su actuar y su existencia, a la vez que debe fortalecerse a nivel interno para evitar crear problemas adicionales. Cabe señalar que el hecho mismo de que los movimientos sociales tengan poco recursos tiende a hacerlos movimientos gremialistas, es decir, solo luchan por la defensa de determinados intereses, los cuales satisfechos, eliminan la razón de ser del movimiento. El gremialismo condena al movimiento a una breve e intrascendente existencia: esta es la principal lección que debemos aprender de Hidroaysén y de Punta Arenas.

b)    Los movimientos sociales tienden a la división: al no poseer una organización fuerte, coordinada y coherente, el movimiento social es proclive a las divisiones basado principalmente a la frustración (brecha entre lo deseado y lo alcanzado) que puede sentir uno o más miembros dentro del movimiento respecto al manejo de los dirigentes frente a las negociaciones con el gobierno. Esto internaliza los sentimientos hostiles contra el adversario, creando enemigos internos contra los cuales disputar el liderazgo de la organización. Esto sucedió en plenitud en el caso del movimiento estudiantil del 2011, donde luego del 4 de agosto comenzó un proceso de decadencia, basado principalmente en l disputa entre el PC y la izquierda independiente, donde se perdió la mira hacia la consecución de una educación pública, gratuita y de calidad por rivalidades internas entre quienes veían un rol muy moderado e incluso traicionero por parte del PC para con el movimiento, y quienes veían que se debía dar paso a una estrategia más hostil con el ejecutivo. La lección que debemos aprender del movimiento estudiantil es lo fácil que es dividir y conquistar un movimiento cuando este internaliza los conflictos y cómo el gobierno profitó de estas rivalidades a su favor.

c)    Los movimientos sociales tienen demandas a largo plazo: quizás este sea el principal rasgo de los movimientos sociales frente a otros tipos de agrupaciones: busca cambios trascendentales en el modus vivendis. Esto, sin embargo, se contrapone con la escasez de recursos de los que dispone como con su naturaleza divisionista. Así, mantener vivo un movimiento social durante el tiempo suficiente como para lograr un objetivo trascendental requiere, necesariamente, fortalecer su base organizacional para así evitar el uso irracional de sus recursos como para evitar divisiones a nivel interno. De esta forma, todo movimiento social debe aprender que para lograr un objetivo trascendental, la cooperación entre grupos descontentos potencia los recursos que posee una organización, y que la existencia de un objetivo trascendental potencia debe potenciar siempre la inexistencia de divisiones internas. Ignorar estas lecciones nos llevará a repetir la Historia en lugar de aprender de ella, y a hacer que las políticas de la intransigencia se vuelvan una política de Estado.

“Los pueblos tienen el gobierno que se merecen” Gaspar Melchor de Jovellanos