¿Asambleas o asambleísmo? ¿Síntoma o problema?

El gobierno ha hecho en esta última semana como propia su desaprobación al “asambleísmo”, concepto sobre el cual han responsabilizado la inexistencia de acuerdo entre los pobladores de Aysén y el gobierno, sumando desde hoy martes, a la ciudad de Calama ¿Qué entiende el gobierno cuando habla de asambleísmo? ¿Es esto negativo para los movimientos ciudadanos? ¿Confunde el gobierno la existencia de asambleas con el asambleísmo? ¿Confunde un síntoma con una enfermedad? Las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera confunden una forma de organización de la sociedad basada en la congruencia y convergencia de principios y objetivos en base a liderazgos flexibles (asamblea) con una forma de organización social basada en la horizontalidad, la ineficiencia organizacional y de uso de recursos, la sobre-ideologización y el localismo (asambleísmo) La asamblea es una forma funcional y necesaria de organización cuando las instituciones fallan a la hora de canalizar las demandas sociales. A pesar de ello, con el tiempo es posible que se transforme en una forma de organización ensimismada en sí misma, donde se confunde la forma de organizarse con el fondo o motivo de la organización (asambleísmo): lograr la satisfacción de demandas transversales. Por ello, el gobierno trata a la asamblea como asambleísmo, sin comprender la esencia misma de las demandas de los movimientos ciudadanos que se levantan a lo largo del país y por tanto, la lejanía de una posible solución a dichos problemas.

La existencia de asambleas ciudadanas revela la existencia de un síntoma o disfuncionalidad social producto de una demanda socialmente legítima pero insatisfecha. La función básica de un sistema político es la transformación de las demandas de la ciudadanía en decisiones en forma de política pública que satisfaga la necesidad de forma total o parcial. De esta forma, el sistema político, a través de las instituciones, permite la convivencia de una sumatoria de individuos con objetivos e intereses diversos pero no excluyentes entre sí. De esta forma, cuando las instituciones fallan en cumplir su objetivo, la asamblea es la mejor forma de organización de que la ciudadanía puede dotarse para hacer ver a las autoridades que los procesos propios de un sistema político no se están dando como debieran. La asamblea no es trans-organizacional (está más allá de otras organizaciones) sino que, al contrario, aparece de forma espontánea y particular para que la institucionalidad funcione. Esto se demuestra, en el caso de Aysén y Calama, en la constante interpelación al gobierno y a las instituciones para la solución de sus problemas, cosa que si fueran un movimiento asambleísta trataría de construir su identidad, procedimientos y objetivos CONTRA el gobierno o SIN el gobierno. La existencia de movimientos asambleístas (respondiendo a nuestra segunda categoría) revela un problema a la hora de manejar las demandas sociales de una comunidad, es decir, se confunden las formas y el fondo de la movilización, se confunden los roles de los actores y los objetivos a lograr, incluyendo metas que no se relacionan con el origen del problema, desviando a los actores de la resolución del conflicto y por tanto, aumentando la posibilidad de polarizar las posiciones y la aparición de episodios de violencia. El asambleísmo tiende a aparecer en círculos sociales como las universidades, donde la formación académica de los involucrados los aísla de la realidad social donde debieran estar insertos, haciendo que la teoría se confunda con la práctica social y política.

Las asambleas ciudadanas nos han recordado en qué medida nuestra institucionalidad se encuentra agotada para captar todas las demandas y aspiraciones sociales, y darles así una solución a través de ellas. A pesar de ello, la naturaleza misma de la asamblea hace que sea muy posible que esta sea capturada por grupos que busquen mutar la asamblea en un asambleísmo, desvirtuando el movimiento y haciéndolo funcional a los intereses de la contraparte, ya que puede deslegitimarlo a nivel mediático, usar la coerción contra él y desarticularlo. Basta solo recordar lo sucedido con las movilizaciones estudiantiles de 2011. El gobierno peca de ingenuo al tratar de convencer a la ciudadanía de lo nocivo de las asambleas, ya que la asamblea empodera al ciudadano, lo hace crítico y constructor de su realidad, lo construye como un sujeto dual (individual y social a la vez) La asamblea es necesaria, pero no suficiente para fortalecer la democracia. La asamblea fortalece las instituciones, no las sustituyen. Señalar lo contrario sería caer en el asambleísmo, la enfermedad izquierdista en el comunismo parafraseando a Lenin. Que la sociedad comprenda la diferencia y el abismo entre asamblea y asambleísmo nos ayudará a la hora de enfrentar al verdadero adversario: el gobierno.

Movilizaciones estudiantiles: un difícil escenario

El movimiento estudiantil por una educación pública, gratuita y de calidad para todos del pasado año 2011 fue uno de los más importantes desde la llegada de la “democracia” en términos de convocatoria. Un movimiento verdaderamente social, con demandas claras y a la vez trascendentales se perfiló contra un Ejecutivo intransigente y un Parlamento negligente. Pero luego de siete meses la fuerza de este movimiento cayó al punto de no lograr casi ninguna de sus demandas originales ¿Estamos este año en condiciones de vislumbrar la aparición de un movimiento de tal impacto? La respuesta se la dejo al lector, mostrándole el escenario en que nos encontramos:

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    - Los partidos políticos ya no tienen relevancia en la dirección del movimiento: algo que distinguió a este movimiento fue el protagonismo (más bien mediático que real) del PC y otros partidos en el liderazgo del movimiento. Las políticas de la intransigencia del gobierno llevaron al movimiento a la división y conflicto interno que llevó a culpar a los partidos del estancamiento del movimiento. Divide et impera (divide y vencerás) fue la triunfal estrategia con la cual el gobierno dividió al movimiento y le quitó su fuerza para cuando fue el Parlamento (dominado por la derecha y el centro político, centro que hubiera podido ser cooptado si el movimiento estudiantil no hubiera decaído) quien decidió aprobar los proyectos del Ejecutivo. Sacando a los partidos (como castigo) de la dirección de las Federaciones de Estudiantes y centros de estudiantes tanto a nivel superior como secundario los independientes, vinculados a partidos de izquierda o colectivos de dicha tendencia llegaron a las direcciones. Por tanto, el movimiento perdió un elemento de coordinación a nivel nacional que los partidos le habían entregado. Esto puede traer como consecuencia la gremialización de las demandas o peor, la desmovilización por la falta de experiencia de los dirigentes.

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      -  El gobierno posee una clara política de intransigencia: en otra columna desarrollé el concepto de política de la intransigencia como una estrategia hostil de resolución de conflictos por parte del gobierno, la cual triunfa al corto plazo pero no al largo, ya que cura los síntomas pero no la enfermedad. El replanteamiento y concientización del estudiantado debe orientarse a que el gobierno busca 3 elementos: no negociar con actores conflictivos, criminalizar a estos actores y, finalmente, usar el desgaste como estrategia ante el adversario. Solo así podremos vencer la política de la intransigencia del gobierno.

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        -  Polarización del estudiantado frente a las movilizaciones: nuestro principal problema es que el estudiantado en su mayoría se encuentra en dos posiciones mutuamente excluyentes: una en la cual se ve en el paro una estrategia infructuosa para generar presión hacia arriba (burocracia universitaria y gobierno), por lo que medidas más audaces como partir con una toma sería la mejor respuesta; la otra plantea que las clases no deben sacrificarse a costa de las movilizaciones. Las movilizaciones no lograron nada, y los perjudicados son aquellos que reciben una formación parcial a nivel educativo. El problema fundamental es que la convivencia de estas dos visiones destruyen la posibilidad de crear un ambiente no hostil para la discusión. La defensa de uno de los polos sobre su propia postura polarizará al adversario en lugar de acercarlo a la propia postura. Extremar las posturas entre clases o toma solo impedirá al movimiento partir movilizado lo antes posible, y por tanto, la creación de un ambiente funcional para la discusión policía sobre el fondo y la forma del movimiento estudiantil. Ambas posturas son erradas y reduccionistas, comprensibles pero no justificables. Ahora la estrategia de movilización dependerá del contexto de cada universidad o liceo, donde debiera primero crearse un clima de discusión, y sólo luego una movilización efectiva. Recuperar el pensamiento estratégico (es decir, actuar en función de lo que hace y haría la contraparte es fundamental)  

Este es sin duda un escenario difícil. Dirigentes sin experiencia (y por tanto titubeantes, como en el caso de la actual FECH) y sin coordinación nacional (dada su independencia o localismo), un gobierno intransigente y un estudiantado polarizado no es un buen augurio. A pesar de ello, la movilización es y debe ser un objetivo de este año, ya que esta demanda podría perderse dentro de la discusión en la esfera pública si no es levantada nuevamente en el corto plazo. Como señalaba en un inicio, las condiciones (existentes o no) para la movilización se la dejo al lector. Mi visión es positiva, ya que depende más de la voluntad de los actores políticos dirigentes en el movimiento estudiantil que de las condiciones materiales de acción. Acción coordinada y coherente entre los dirigentes, evitar las divisiones internas y crear un clima de discusión sano dentro de cada unidad estudiantil es la fórmula con la cual debemos partir este año contra la política de la intransigencia.

El Estado de bienestar en la mira: el contra-ataque neoliberal

Poco a poco los países que integran Europa han decidido desplazarse a la derecha. Los partidos de derecha tienen un mayor peso en sus parlamentos, e incluso han llegado al control del Ejecutivo (como lo es en España desde noviembre del 2010 con el triunfo del Partido Popular de Mariano Rajoy) y lo ha sido en la Francia de Sarkozy. Las crisis sucesivas del modelo neoliberal, en lugar de crear un acuerdo mundial sobre lo nocivo de este sistema basado en la sobreoferta de bienes, la desregulación financiera y la mutilación del Estado, le han terminado dando la razón, y legitimándolo en la esfera pública de cada país. Estos grupos pro libre mercado han salido a defender este modelo argumentando la vieja excusa de los friedmanianos: el problema es el Estado. Esta visión ultraliberal argumenta que el rol que cumple el Estado es esencialmente distorsionador respecto de la natural autorregulación que poseen las fuerzas de la oferta y la demanda, fuerzas guiadas por una mano invisible hacia un equilibrio en el sistema de precios. Por tanto, cuando el Estado actúa, crea los males que desea combatir. Un Estado mínimo y subsidiario (con funciones mínimas basadas en la regulación pero no en la intervención), que permita que los privados puedan cooperar entre sí libremente, es el nirvana de los amantes del sistema de libre mercado. Pero la evidencia empírica nos dice lo contrario. Cuando el Estado desregulariza para permitir la intervención de los privados en funciones que otrora le correspondían a este, ha aumentado la desigualdad, bajado el crecimiento, aumentado la marginalidad y se deslegitima la política como la fundamental herramienta de la creación de los acuerdos que rigen a la sociedad (ya que lo remplaza el mercado) Pero ¿Es esta fe en el mercado sólo una utopía? Los analistas miran a Chile cuando buscan dar un ejemplo de cómo funciona una economía de libre mercado “saludable” y “responsable”. Pero sería de una miopía vergonzosa considerar a Chile como una experiencia exportable a otros países, ya que el libre mercado a destajo como el nuestro fue implementado en base a “terapias de shock” (es decir, una circunstancia en la cual la ciudadanía, a través del uso de la violencia excesiva, el control y la supresión de sus derechos fundamentales, es obligada a vivir bajo un sistema sobre el que no pueden incidir) Por tanto, el libre mercado chileno no es exportable, ya que no nació en base a un gran acuerdo nacional, no fue un proyecto socialmente construido para el desarrollo de nuestra nación, a diferencia de los Estados de bienestar europeos. Las sucesivas crisis del capitalismo en su fase neoliberal han puesto en entredicho la existencia del Estado de bienestar. Los costos de este sistema, que eran solo asumidos por los países de la periferia, ahora son asumidos por aquellos Estados que los crearon a costa de ellos, debiendo vivir un paulatino proceso de desmantelación del Estado tal como sucedió en los países de la periferia capitalista. De esta forma, el capitalismo ya no es capaz de externalizar los costos de su existencia a los países subdesarrollados, y deben estos de ahora en adelante aprender a vivir con las precariedades de un Estado reducido y futuramente ausente.

Pero no todos los Estados de bienestar están en crisis. El Estado de bienestar mediterráneo (debido a su ubicación geográfica), conformado por aquellos países con grandes contingentes de población, grandes industrias y extensos territorios, a diferencia de los Estados de bienestar escandinavos, de territorio y población reducidas, basadas esencialmente en la generación de valor a través de la innovación. Ambos comparten que la existencia del Estado de bienestar es producto de un acuerdo social en el cual los males del capitalismo debían ser menguados con un Estado interventor y protagónico, pero los Estados de bienestar mediterráneos han tenido una Historia más bien turbulenta en relación a sus pares nórdicos (Una Alemania que vivió dos guerras mundiales más una guerra fría dividida en dos, una España gobernada por el franquismo, una Francia en guerra contra sus colonias o una Inglaterra con conflictos internos entre trabajadores y patrones, como ejemplos) Lo que distingue a ambos modelos es el rol de la socialdemocracia en la construcción del Estado de bienestar. Mientras los primeros han tendido a reducir el Estado y a ceder frente a los embates del neoliberalismo, en el caso nórdico el rol del Estado en la economía se ha mantenido intacto, y las empresas y trabajadores han debido convivir en un marco claro de comportamiento, con altas penas a quienes violen el contrato social. Una socialdemocracia vacilante frente al rol del Estado llevará a la clásica forma de reducción del Estado, caso contrario si la clase política coincide en entender lo fundamental que es el espacio público en la generación de bienestar.

La mutilación del Estado llegó para quedarse. La pérdida de derechos es pan de cada día. Pero a diferencia de nosotros, estos cambios se dan en democracia, y no bajo terapias de shock. Las protestas en Francia contra el aumento de la edad de jubilación de 60 a 62 años, el recorte en 20.000 puestos públicos en Grecia y España, la privatización de la educación en Inglaterra, y las fórmulas de austeridad han recibido el rechazo de una sociedad que nació y construyó su identidad bajo un Estado que garantizaba derechos más que libertades. La socialdemocracia ha fallado en su rol de defender el Estado, y la ciudadanía se lo ha hecho saber votando por la derecha. El problema es que la derecha tiene por objetivo la destrucción del Estado de bienestar por un Estado mínimo. El capitalismo no es gratis, siempre implica que otros (muchos) pierdan a costa de otros (pocos) Es hora de un segundo Gran Despertar en Europa. Es hora que Europa deje de mirar a Chile y vuelque la mirada a Islandia.

Políticas de la intransigencia: una estrategia que nunca resultó

Por Francisco Quiero Aguirre

Al albor de las revueltas en la región de Aysén exigen una redistribución más justa de los recursos generados en la zona, nos es posible apreciar nuevamente una tendencia por parte del gobierno del Presidente Piñera: una política de la intransigencia con los movimientos sociales. Esta política de la intransigencia se basa, esencialmente, en 3 elementos: una visión de disfuncionalidad de los conflictos sociales, especialmente los originados e ideados fuera de las instituciones que integran el Estado; la criminalización de la protesta social, a través del uso y amenaza de la fuerza policial; finalmente, el uso del desgaste como la forma fundamental de resolver el conflicto. La sumatoria de estos 3 factores produce una estrategia hostil de resolución de conflictos, basada en el “todo o nada” entre las partes, polarizando las partes en conflicto, y volviendo disfuncional cualquier tipo de conflicto. Si bien en base a esta estrategia el gobierno ha salvado de caer en profundad crisis de institucionalidad, a la larga lo que es posible de apreciar es que las problemáticas sociales originadas por un organigrama obsoleto del Estado, un modelo neoliberal depredador e inviable, y una clase política incapaz de canalizar las demandas sociales, nunca son resueltas. Por tanto, se combaten los síntomas, pero no la enfermedad. El movimiento contra Hidroaysén, el movimiento localista de Punta Arenas, las movilizaciones estudiantes por una educación gratuita, pública y de calidad para todos, y la actual problemática en Aysén no hacen más que demostrar la existencia de una política de la intransigencia por parte del gobierno, que al no resolver los conflictos originados, los hace madurar y aparecer de otras formas pasado el tiempo. La política de la intransigencia debe ser entendida como una estrategia hostil de resolución de conflictos que proyecta los sesgos morales e ideológicos del gobierno a la hora de tratar las problemáticas creadas por el modelo neoliberal. 

Una visión disfuncional de los conflictos

La teoría de conflictos ha tenido dos tradiciones históricamente trascendentales: una que ve en los conflictos la forma principal para adaptar las instituciones, las visiones de los policy makers, y la forma de hacer política a los cambios originados dentro y fuera del sistema político; la otra ve en los conflictos sociales un diagnóstico que evidencia una enfermedad en el tejido social, la cual debe ser solucionada lo antes posible, so pena de hacer caer el sistema político en una profunda inestabilidad social. Así, un enfoque ve en los conflictos sociales una forma de alerta que llama a la adaptación de las instituciones a los cambios, y la otra ve en los conflictos el origen del problema en cuanto tal. El gobierno ha asumido esta segunda visión (errónea por lo demás), debido a que esta es reflejo de su moral e ideología: los conflictos reflejan un problema en el sistema político, problema que debe ser intervenido, pero no resuelto. Esto se debe a las esperanzas que posee el gobierno hacia las virtudes del modelo de libre mercado, esperanza que considera que es dentro del mercado donde se resuelven los problemas, ya que estos problemas entre privados. La noción disfuncional de los conflictos no es nueva en Chile. De hecho, esta fue inaugurada por un célebre político, quien participó en la estrategia de “transición” a la “democracia” chilena. Me refiero a Edgardo Boeninger. El planteaba, en términos muy simples, que la gobernabilidad es la máxima aspiración que debe poseer un Estado, siendo esta definida como la existencia de un orden y control por parte del Estado sobre la economía, la política y la sociedad. Su par opuesto sería la ingobernabilidad, la cual debía ser combatida por todos los medios posibles. Esta visión pesimista y disfuncional de los conflictos ha regido por los últimos 20 años (mínimo) en nuestro país, lo que se refleja por la nula voluntad de modificar el statu quo por parte de la Concertación, o por su vocación en destruir todo movimiento político de izquierda subversivo (como lo fue el movimiento Lautaro o el FPMR) La herencia concertacionista rige en el actual gobierno, el cual ve en la protesta social un mal endémico y voluntariamente creado, que debe ser removido y combatido. He ahí el constante llamado a la unidad nacional a evitar solucionar las diferencias, o a aprender a vivir con ellas, por parte del gobierno del Presidente Piñera.

Criminalizar la protesta social

De esta visión disfuncional y negativa de los conflictos se origina la necesidad de criminalizar la protesta social. Esta criminalización es producto de que el conflicto social se ha originado fuera de la estructura institucional, por lo que el control del gobierno sobre las demandas de la contraparte son bajas, lo que aumenta los grados de incertidumbre en el proceso de desarrollo del conflicto. Los conflictos, dentro de la visión sesgada, es que estos deben surgir dentro de las instituciones (mercado, parlamento, ejecutivo, judicial, municipalidades, gobiernos locales y regionales) y resueltos dentro del entramando institucional. Como el conflicto surge fuera, pero busca una solución dentro de las instituciones, y a la vez este es visto como imprudente y endémico por las autoridades, la única forma de “resolverlo” es haciendo ver a la contraparte como un agente de disrupción social, como un violentista, que atenta contra el orden establecido, generalmente quejándose de nada o en un nivel hiperbólico en relación a lo demandado. Esto lo único que logra es la polarización y radicalización de la contraparte, que a la vez radicaliza y polariza la postura del gobierno. Así, la criminalización de la protesta social solo crea hostilidad innecesaria entre las partes, impidiendo la cercanía entre ellas, el origen del problema, la disminución de la radicalización y la búsqueda de una solución mancomunada y mutuamente acordada del problema. La criminalización se traduce en iniciativas de ley y en el uso de leyes anteriores para castigar la iniciativa de protesta o la protesta misma, ya que, según su visión sesgada, “no es la forma” de pedir mejoras sociales. Se responde en las marchas y convocatorias de manifestación con el uso siempre desmedido de violencia policial, la cual es constante y sistemática contra un falso enemigo interno creado por el gobierno. La amenaza constante contra quienes participan de las marchas cumple la misión de mantener en constante temor a la ciudadanía, alertándosele sobre lo que podría pasarle si llegase a no cumplir lo que el gobierno desea. A través de la criminalización se busca también el control sobre la ciudadanía, atenta a la información emitida por los medios de comunicación, donde el gobierno usa toda su grandilocuencia para señalar que son una víctima de la intransigencia de grupos aislados que no buscan nada más que prebendas individuales a costa de la gran mayoría de chilenos esforzados y honestos de clase media. Así, se busca crear una empatía con la ciudadanía, mostrando al gobierno como una víctima, cuando es realmente el causante de la radicalización dada su política de intransigencia. Esto crea el tercer factor mencionado anteriormente: una estrategia de desgaste.

El desgaste como base de una estrategia hostil

Debido a una visión disfuncional de los conflictos y una constante criminalización de la protesta social a través del uso desmedido de la fuerza, de la ley y del terror, la única  forma a través de la cual el gobierno enfrenta los problemas sociales es a través de usar el recurso tiempo a su favor, es decir, ocupar una estrategia de desgaste contra la contraparte. El gobierno ha detectado una estrategia eficaz (elimina la protesta social), pero no efectiva (no elimina la protesta social definitivamente) para acallar a la ciudadanía organizada, ya que esta luego vuelve a organizarse, por motivos diferentes pero con los mismos argumentos de fondo. El desgaste es una estrategia basada en el uso del tiempo para agotar los recursos que la contraparte requiere para mantenerse en el conflicto. Esta ha sido utilizada al menos en tres ocasiones por el gobierno: en el caso de Punta Arenas, la estrategia del desgaste no funcionó, por lo que tuvo que ceder (parcialmente) para evitar que este se reprodujera en otros sectores del país; con Hidroaysén apostó a que el movimiento, al ser gremialista y no tener un liderazgo claro que pudiera hacer que las demandas trascendieran en el tiempo y en impacto mediático, cayera por su propio peso; con el movimiento estudiantil, apuntó a la división de la ciudadanía y de los estudiantes ante los nulos resultados de la protesta en hacer cambiar la postura intransigente del gobierno. De esta forma, el conflicto pasa de ser entre estudiantes-gobierno, a ser un conflicto entre los estudiantes (izquierda moderada y ultra-izquierda), lo que la desgastó, le quitó su capacidad programática, debilitó al CONFECH como espacio de toma de decisiones a nivel nacional, y puso en la palestra el tema de las elecciones estudiantiles por sobre las demandas de dicho movimiento. “Divide et impera” era el lema de Julio César: divide y vencerás. Así, raya para la suma, el gobierno ha triunfado en tres ocasiones diferentes utilizado el tiempo a su favor, ya que la correlación de fuerzas entre un gobierno y un movimiento social rara vez son positivas para estos últimos, ya que poseen pocos recursos para mantenerse en el tiempo, tienden a la división, y sus demandas son en general a largo plazo.
 
Conclusiones: aprender de la Historia

Hemos visto cómo el gobierno ha desarrollado una política de la intransigencia basada en una visión disfuncional de los conflictos, una criminalización de la protesta social, y el uso del tiempo como elemento de desgaste. Estas configuran una estrategia hostil de resolución de conflictos, que se traduce en términos exitosos a corto plazo, pero que a la larga crean nuevos movimientos contra el gobierno, con temas nuevos pero exigencias trascendentales. Las lecciones a aprender de los casos vistos someramente son básicamente tres:

a)    Los movimientos sociales poseen pocos recursos: debidos a su naturaleza más bien espontánea y flexible, los movimientos sociales son en general débiles en sus inicios, y poseen pocos recursos para mantenerse en el tiempo. De esta forma, la estrategia fundamental de las bases y de los dirigentes debe apuntar a crear una organización fuerte (con metas socialmente creadas), coordinada (comunicación amplia y funcional a nivel interna en pos de lograr sus objetivos) y coherente (sin contradicciones internas) los gobiernos intentarán siempre explotar esta debilidad para matar por inanición al movimiento social, por lo que este debe usar a los medios de comunicación para legitimar su actuar y su existencia, a la vez que debe fortalecerse a nivel interno para evitar crear problemas adicionales. Cabe señalar que el hecho mismo de que los movimientos sociales tengan poco recursos tiende a hacerlos movimientos gremialistas, es decir, solo luchan por la defensa de determinados intereses, los cuales satisfechos, eliminan la razón de ser del movimiento. El gremialismo condena al movimiento a una breve e intrascendente existencia: esta es la principal lección que debemos aprender de Hidroaysén y de Punta Arenas.

b)    Los movimientos sociales tienden a la división: al no poseer una organización fuerte, coordinada y coherente, el movimiento social es proclive a las divisiones basado principalmente a la frustración (brecha entre lo deseado y lo alcanzado) que puede sentir uno o más miembros dentro del movimiento respecto al manejo de los dirigentes frente a las negociaciones con el gobierno. Esto internaliza los sentimientos hostiles contra el adversario, creando enemigos internos contra los cuales disputar el liderazgo de la organización. Esto sucedió en plenitud en el caso del movimiento estudiantil del 2011, donde luego del 4 de agosto comenzó un proceso de decadencia, basado principalmente en l disputa entre el PC y la izquierda independiente, donde se perdió la mira hacia la consecución de una educación pública, gratuita y de calidad por rivalidades internas entre quienes veían un rol muy moderado e incluso traicionero por parte del PC para con el movimiento, y quienes veían que se debía dar paso a una estrategia más hostil con el ejecutivo. La lección que debemos aprender del movimiento estudiantil es lo fácil que es dividir y conquistar un movimiento cuando este internaliza los conflictos y cómo el gobierno profitó de estas rivalidades a su favor.

c)    Los movimientos sociales tienen demandas a largo plazo: quizás este sea el principal rasgo de los movimientos sociales frente a otros tipos de agrupaciones: busca cambios trascendentales en el modus vivendis. Esto, sin embargo, se contrapone con la escasez de recursos de los que dispone como con su naturaleza divisionista. Así, mantener vivo un movimiento social durante el tiempo suficiente como para lograr un objetivo trascendental requiere, necesariamente, fortalecer su base organizacional para así evitar el uso irracional de sus recursos como para evitar divisiones a nivel interno. De esta forma, todo movimiento social debe aprender que para lograr un objetivo trascendental, la cooperación entre grupos descontentos potencia los recursos que posee una organización, y que la existencia de un objetivo trascendental potencia debe potenciar siempre la inexistencia de divisiones internas. Ignorar estas lecciones nos llevará a repetir la Historia en lugar de aprender de ella, y a hacer que las políticas de la intransigencia se vuelvan una política de Estado.

“Los pueblos tienen el gobierno que se merecen” Gaspar Melchor de Jovellanos